1.5 ¿Quiénes quieren imponer sus propias leyes ante la sociedad y la justicia, los cristianos o los grupos LGTBI?

 

Venimos de aquí: 1.4 ¿Que los cristianos anunciemos el Evangelio y el arrepentimiento a los homosexuales es un acto de odio o de amor? (https://usatumenteparapensar.blogspot.com/2023/12/14-que-los-cristianos-anunciemos-el.html).

Como haré a lo largo de toda la obra, aviso que los capítulos de este libro hay que leerlos en el orden en el que están escritos, sin saltarse ninguno. El lector queda prevenido.

Algunos lobbies gays, ideológicamente agresivos –puesto que no todos los son- que nos acusan de querer imponer una moral cristiana, señalándonos por ello de intolerantes, deberían mirarse a sí mismos, ya que son ellos los que quieren establecer por ley la ideología de género, como parte de la educación en las escuelas públicas para niños, con amenazas de todo tipo, que incluyen la retirada de la patria potestad, si los progenitores no están de acuerdo. De esta manera, se les quiere robar a los padres el derecho de educar a sus hijos, como consideren oportuno, según sus propias creencias. No sé en otros países, pero en el mío la Constitución española los ampara: “Los poderes políticos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Artículo 27:3).

Durante muchos años, estos lobbies LGTBI han repetido la misma historia: que ellos son como las “personas de color” y “mujeres” del pasado, que eran discriminados social y laboralmente por el simple hecho de serlo. Después de años de luchas y demandas, están logrando que se les proteja de la misma manera, cuando la realidad es que sus casos y los que ellos citan no son comparables. ¿Que la ley los debe defender ante agresiones, amenazas o vejaciones? Claro que sí, pero como a cualquier otro ciudadano, no como si fueran un colectivo aparte. Pero implementar leyes donde, por ejemplo, tengan preferencia para obtener subvenciones o un puesto laboral, es un privilegio para ellos y una injusticia para el resto de la población.

Además, en el presente, en ningún país que sea realmente democrático –los hay que dicen serlo y no lo son- se les niega legalmente un puesto de trabajo, el derecho a la educación, el servicio en tiendas o la entrada a edificios públicos a una persona por su sexualidad. Es más, ni la empresa ni el empresario pueden inmiscuirse en la vida privada del trabajador al que quiere contratar o finalmente contrata, y mucho menos en temas de sexualidad o religión; ni siquiera tiene el derecho a preguntar por esos temas. Así lo señala el artículo 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.